Sentencia A. 650/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-650/25

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 650 DE 2025

 

Referencia: Expediente ICC-4970.

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá, y el Juzgado 003 Civil Municipal de Tuluá.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade.

 

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 La señora Hermila Gordillo Vélez, actuando como agente oficiosa de su compañero Hebert Morales, presentó acción de tutela[1] en contra de la Nueva EPS, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la integridad personal, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana. Esto por cuanto la accionada se habría negado a materializar los servicios que los médicos tratantes han ordenado para atender los diagnósticos del señor Hebert Morales, además de negarse a brindarle el servicio de transporte.

 

2.                 La agente oficiosa pretende que se ordene a la Nueva EPS: (i) autorizar y garantizar la materialización de los servicios prescritos a favor del señor Hebert Morales; (ii) proporcionar el servicio de transporte a favor del agenciado y un acompañante para acudir a los servicios de salud que se deban llevar a cabo fuera del municipio donde reside el agenciado; y, (iii) proporcionar el tratamiento integral para los diagnósticos relacionados en el escrito de tutela. En la demanda se indica que el domicilio del señor Hebert Morales es el municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca[2].

 

3.                 El asunto correspondió al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá, despacho judicial que, a través de Auto de 02 de abril de 2025[3], se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, y en su lugar, ordenó su remisión a los juzgados municipales de Tuluá. La autoridad argumentó que la Nueva EPS era una sociedad de economía mixta con mayoría de capital privado, por lo que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021, el conocimiento de la acción correspondía a los jueces municipales.

 

4.                 El proceso fue repartido entonces al Juzgado 003 Civil Municipal de Tuluá, el cual, mediante Auto de 03 de abril de 2025[4] resolvió no avocar conocimiento de la acción de tutela instaurada por el señor Herbert Morales a través de la señora Hermila Gordillo Vélez como agente oficiosa, en contra de la Nueva EPS; y propuso conflicto negativo de competencia respecto del Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá. En tal sentido, ordenó la remisión de las diligencias a la Corte Constitucional para que dirimiera el referido conflicto.

 

5.                 Como fundamentos de su decisión, el Juzgado 003 Civil Municipal de Tuluá sostuvo que la Corte Constitucional ha reiterado que las normas de reparto referidas en el Decreto 333 de 2021 no autorizan al juez de tutela a reclamar o rechazar la competencia ni a declarar la incompetencia de otra autoridad judicial, en la medida en que se tratan de reglas administrativas[5].

 

6.                 El 03 de abril de 2025, se radicó el expediente ante la Corte Constitucional. Luego, el 23 de abril de 2025, la Sala Plena lo repartió y al día siguiente lo remitió al despacho del magistrado ponente.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[6]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[7] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o, en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales^[8], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

8.                 Siguiendo las reglas generales, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación, conforme con lo previsto en el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva.

 

9.                 De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente puede conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[10], en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

10.             Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[11].

 

11.             En este orden de ideas, la aplicación o interpretación de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acción o decidir la impugnación, según el asunto puesto a su conocimiento[12].

 

III.    CASO CONCRETO

 

12.             De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por la señora Hermila Gordillo Vélez como agente oficiosa de Hebert Morales, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena considera que le corresponde al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá resolver la acción de tutela en cuestión, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto.

 

(iii)     Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto de 02 de abril de 2025 proferido por el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela, y en su lugar ordenó su remisión a los juzgados municipales de Tuluá, toda vez que desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. De igual manera, se ordenará que se le remita por Secretaría el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

(iv)      En consecuencia, se advertirá al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

(v)        Finalmente, y teniendo en cuenta que el presente conflicto debió ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (ver fj.8 supra), se advertirá al Juzgado 003 Civil Municipal de Tuluá que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el Auto de 02 de abril de 2025 proferido por el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá, en el marco del trámite de la acción de tutela promovida por la señora Hermila Gordillo Vélez como agente oficiosa de Hebert Morales, en contra de la Nueva EPS.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-4970 al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

Cuarto: ADVERTIR al Juzgado 003 Civil Municipal de Tuluá, que siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550 de 2018.

 

 

Quinto: Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante, al Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá, y al Juzgado 003 Civil Municipal de Tuluá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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